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Países unidos abordan el ecopostureo para establecer una posición común

Los representantes de los países miembros de la Unión Europea (UE) han llegado a un acuerdo para negociar la versión final de la Directiva de Declaraciones Ecológicas. La referida norma tiene como objetivo poner fin al fenómeno del ‘ecopostureo’, garantizando que los consumidores estén ampliamente informados durante su proceso de compra.

La Directiva presenta requisitos mínimos para la fundamentación, comunicación y verificación de las declaraciones ambientales explícitas, tal como ha anunciado el Consejo de la UE, entidad encargada de representar a los estados miembros. La legislación propuesta por la Comisión Europea en marzo de 2023 busca abordar directamente las declaraciones medioambientales escritas u orales, así como las autodenominadas ‘etiquetas verdes’ que las empresas usan para promocionar su ecologismo.

La normativa, tras su aprobación, se aplicará tanto a los esquemas de etiquetado existentes como a los que surjan en el futuro, ya sean de carácter público o privado. Los Estados miembros respaldan la exigencia de que las empresas empleen «criterios claros y la evidencia científica más reciente para fundamentar sus declarações y etiquetas». Estas deben ser «claras y fáciles de entender», y especificar qué características ambientales cubren.

Las naciones respaldan el enfoque de verificación ex-ante propuesto por la Comisión Europea, que implica que cualquier declaración puede ser verificada por expertos independientes antes de su publicación. Simultáneamente, se introduce un procedimiento simplificado para eximir ciertos tipos de declaraciones ambientales explícitas de la verificación por terceros. Para gozar de esta excepción, las empresas elegibles deberán demostrar su cumplimiento con las nuevas normas completando un documento técnico que se debe elaborar antes de que la declaración se haga pública.

En lo que respecta a las microempresas, estas estarán sujetas a la verificación, pero dispondrán de ocho meses adicionales con respecto a las empresas de mayor tamaño para ajustarse a las nuevas reglas una vez se adopten definitivamente. La Directiva también incluye medidas para apoyar a las pymes, como directrices y procedimientos destinados a reducir la carga burocrática de los agricultores, entre otros aspectos.

De acuerdo con una encuesta del Eurobarómetro, alrededor del 90% de los europeos apoya la implementación de normas más estrictas para calcular el impacto ambiental y las correspondientes declaraciones ambientales. Este dato ha sido recordado por el Consejo de la UE en su comunicado.

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