La Unión Europea (UE) en el punto de mira de las protestas agrarias españolas: el sector critica las políticas de la UE pese a tener reconocidos beneficios como las ayudas y el acceso al mercado europeo. Existe un descontento generalizado por la creciente presión burocrática y las exigencias medioambientales, que el sector percibe como desmedidas.
El sector agrario considera que pese a las subvenciones y ventajas de mercado, los ingresos no compensan el esfuerzo en cumplir con las normas impuestas. Por ello, los agricultores y ganaderos españoles demandan cambios en la Política Agraria Común (PAC) y un freno a los acuerdos comerciales que, a su juicio, fomentan la competencia desleal.
A pesar de las manifestaciones, no podemos hablar de una única realidad agraria. Por un lado, los beneficios de la pertenencia a la UE no se distribuyen por igual entre todos los agricultores. Por otro, culpar a Bruselas de todos los problemas del sector agrario no es un fenómeno nuevo en España.
Por otro lado, la PAC, con un presupuesto de casi 400.000 millones de euros para el periodo 2021-2027, sigue siendo un apoyo importante para el sector agrario. España es el tercer país que más se beneficia de estos fondos, con 47.000 millones de euros destinados a sus agricultores.
En 2023, la última reforma de la PAC introdujo mayores exigencias medioambientales y burocráticas, todo ello en un marco de creciente presión por la adaptación al cambio climático. Sin embargo, las medidas implementadas han recibido críticas por su falta de enfoque selectivo, así como su insuficiente apoyo a las organizaciones de productores y sus asociaciones.
Entre las preocupaciones del sector agrario destaca la competencia desleal frente a las importaciones. El sector reclama que se paralicen acuerdos con Mercosur y Nueva Zelanda y que aumenten los controles a las importaciones procedentes de Marruecos.
A pesar de estas críticas, cabe recordar que España es líder en la exportación de productos como el aceite de oliva, vino, frutas y hortalizas o conservas de atún. Esta posición se debe, en parte, al mercado único facilitado por la UE. De hecho, el sector reconoce la necesidad de una «reciprocidad» en las exigencias, es decir, la misma presión para los productos importados que para los producidos en Europa.
En definitiva, las políticas de la UE son, al mismo tiempo, un colchón de seguridad y un objeto de críticas para el sector agrario español. Un equilibrio delicado que resulta imprescindible en la relación entre la agricultura y la política europea.
