En el panorama actual de la agricultura española, la semana entrante marcará un punto decisivo para varias de las principales organizaciones agrarias: Asaja, COAG y UPA. Les toca decidir si aceptarán o rechazarán la última propuesta del Gobierno. Esta resolución puede suponer la finalización de una ola de protestas que se ha prolongado durante varias semanas, o por el contrario, su extensión a lo largo del próximo periodo electoral.
Recientemente, tras la pausa de la Semana Santa, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) presentó a estas organizaciones una serie de 43 medidas, con el objetivo de atender a las reivindicaciones del sector agrícola. Ahora, tras este proceso de negociación en el que han participado distintas comisiones técnicas, la decisión radica en las agrupaciones.
Es importante subrayar, que las agrupaciones necesitan analizar internamente el documento propuesto por el Gobierno. Por su parte, organizaciones como Asaja tienen pendiente convocar a su junta directiva, mientras que COAG tiene programadas reuniones con sus uniones regionales en los próximos días antes de emitir una valoración.
De las tres organizaciones, UPA ha sido la única que ha expresado su apoyo al paquete de medidas que ha propuesto el gobierno, que según su secretario general, Lorenzo Ramos, resultarían en una considerable simplificación de la burocracia asociada a la PAC (Política Agraria Común).
En otra línea, el respaldo de UPA a estas medidas también se basa en el mantenimiento de determinadas normativas con respecto al impuesto especial de hidrocarburos y al sistema de módulos de IRPF, entre otras financiaciones y cambios regulativos.
Por otro lado, algunos grupos ecologistas han expresado su rechazo al plan, argumentando que contrarresta los avances ecológicos de la PAC, y que esto podría aumentar la vulnerabilidad de España frente a la desertificación y el cambio climático. No obstante, el Gobierno ha demostrado comprender que los agricultores necesitan más tiempo y apoyo para implementar ciertas prácticas ecológicas.
De este modo, se ha mostrado dispuesto a aplazar hasta un año la implementación del plan sanitario integral de las explotaciones ganaderas y el plan de abonado de los suelos. De esta manera, se espera dar a los agricultores y a las agrupaciones la oportunidad de adaptarse gradualmente a las nuevas normativas de carácter ecológico.
En resumen, las organizaciones agrarias tienen ahora la última palabra sobre si aceptan o no este paquete de medidas por parte del Gobierno, una decisión que marcará definitivamente el rumbo del sector agrario en España en los meses venideros. Es de suma importancia que se logre un entendimiento mutuo entre todas las partes para salvaguardar la integridad de este sector tan esencial para la economía y soberanía alimentaria del país.
