En un ambiente de creciente tensión, un grupo de granjeros y productores de cereal pertenecientes a la organización Unión de Uniones ha establecido un punto de protesta frente a la sede de la Comisión Europea en España. La cuestión central de su reclamo se encuentra en la solicitud de medidas antidumping, dado que consideran que la entrada de cereal ucraniano ha alcanzado volúmenes fuera de lo común.
Luis Cortés, coordinador nacional de la asociación, ha decidido compartir una misiva con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen. En esta carta ha explicado con detalle los motivos por los cuales consideran necesario el establecimiento de medidas de salvaguardia, cuyo fin principal sería la protección de los productores europeos.
Los datos apuntan a que el umbral de volumen importado para la reintroducción de aranceles se ha sobrepasado con creces, principalmente en lo referente al trigo desde mayo y al maíz ucraniano desde junio. En vista de ello, la asociación está pidiendo la activación de las cláusulas de salvaguardia que se recogen en el reglamento UE 2024/1392. Este fue aprobado para prestar apoyo a Ucrania en un contexto de conflicto bélico, incluyendo entre sus medidas la liberalización comercial de las exportaciones desde Ucrania a la Unión Europea.
La preocupación de los productores de cereal en España radica en que los precios que se les están pagando han experimentado una caída del 45%, pese a las cosechas mediocres de 2022/23 y a la desastrosa del periodo 2023/24. Se especula que uno de los factores que pueden haber influenciado en este contexto es la presión del volumen importado de cereal ucraniano y sus reducidos precios de entrada, que han estado en una constante bajada.
Llama la atención que la disminución en los precios de los cereales no se ha reflejado en el coste de los piensos. A este desencuentro de cifras se suma el hecho de que los consumidores están pagando el pan un 9% más caro que hace dos años, mientras el precio del trigo blando panificable se ha reducido en un 45%.
La Unión de Uniones ha pedido al gobierno español que solicite de manera justificada a la Comisión Europea la imposición de medidas provisionales de salvaguardia en un plazo de 21 días. La demora en dicha acción podría representar un perjuicio difícilmente reparable para los agricultores españoles. Tras esta protesta, la Unión de Uniones continuará con sus actos de protestas torno a esta temática y ha anunciado que se concentrará este próximo miércoles en el Puerto de Santander.