El ámbito agrario español ha elevado recientemente una queja, a raíz del acuerdo logrado por el Gobierno y los agentes sociales respecto a la reforma de las pensiones. Las organizaciones del sector, entre las que destacan Asaja, COAG y UPA, manifiestan un descontento con la falta de inclusión de su actividad dentro del marco de dicho acuerdo.
Uno de los puntos de discordia de este conflicto proviene de la consideración de las profesiones agrarias como actividades penosas o peligrosas. Esta categorización permitiría una jubilación más flexible, en sintonía con los riesgos y dificultades ligadas a la labor agrícola.
Juan José Álvarez, secretario de organización de Asaja, apunta a la necesidad de adaptar la edad y la cuantía de la jubilación a la realidad del sector primario. Existe el consenso entre el sector de que los agricultores suelen recibir una jubilación modesta, desacorde con la intensidad y relevancia de su trabajo.
Este malestar en el sector agrario se ve acentuado con la inclusión de un nuevo procedimiento que redefine los coeficientes reductores de la edad de jubilación para actividades penosas, tóxicas o peligrosas. Lo que reclaman es que se adecuen estos coeficientes y las cuantías al empresariado del campo español.
Mención aparte merece el tema del relevo generacional en el campo, que depende de las políticas de desarrollo rural de las comunidades autónomas, y de los planes de incorporación de los jóvenes agricultores. Álvarez destaca que estos planes dejan mucho que desear.
Respecto a la exclusión del sector agrario del acuerdo en pensiones, esta se considera inadmisible por parte de los representantes del sector, dado que su actividad es estratégica y agrupa un número relevante de trabajadores en el país.
Las asociaciones agrarias inciden en que su trabajo requiere de un esfuerzo físico nada desdeñable, se realiza en condiciones climatológicas extremas y puede resultar un riesgo para la salud. Por tanto, los trabajadores agrarios demandan un reconocimiento social que esté acorde con su cometido.
La polémica gira en torno a si realmente la agricultura está siendo excluida del mencionado acuerdo de pensiones, ya que algunas voces refutan esta afirmación. Indican que este pacto todavía está por desarrollarse y hay margen para que las comisiones encargadas traten cada caso de forma individual, en referencia a la inclusión de los trabajadores del sector agrícola.
