La Unión Europea da un paso firme en su compromiso con la ecología, implementando nuevas legislaciones destinadas a la reducción de las emisiones contaminantes de distintos sectores industriales, y en particular, los producidos por la ganadería intensiva de aves y cerdos. Sin embargo, la industria del vacuno parece estar fuera de esta cobertura; una situación que no ha sido bien recibida por algunas organizaciones ecologistas.
La directiva de emisiones industriales, subraya la necesidad de controlar la contaminación emitida por la industria y las explotaciones agroindustriales. Entre las sustancias que se desean mitigar se encuentran los óxidos de nitrógeno, amoniaco, metano, dióxido de carbono y el mercurio. Las industrias deberán obtener permisos de emisión, previamente definidos por cada uno de los países miembros, que estén de acuerdo con la normativa UE.
La expectativa como resultado de estas medidas apunta a una reducción del 40% en la emisión de estos contaminantes atmosféricos claves para el año 2050, en comparación con los niveles observados en 2020. Para lograrlo, es necesario que se realicen ajustes en ciertos umbrales, especialmente con respecto a la cría de animales.
En particular, se tiene la vista puesta en las explotaciones intensivas con 300 cabezas de cerdos y 280 para aves de corral (300 si son gallinas ponedoras) y los 350 animales para granjas mixtas. Las normas comenzarán a regir de forma progresiva desde 2030, inicialmente afectando solo a las granjas de mayor tamaño.
Sin embargo, se excluyen a las granjas extensivas, la cría de animales para uso doméstico y las explotaciones de vacuno. Aunque la industria del vacuno represente el 54% de las emisiones de metano, según Greenpeace, no entrará en este primer plan de regulación.
Además de la ganadería, la directiva también comprende la extracción y tratamiento de minerales no energéticos producidos a escala industrial como hierro, cobre, oro, níquel y platino. La normativa no descarta la posibilidad de incluir otros minerales industriales si la Comisión Europea llega a proponerlo.
La Unión Europea no está tomando a la ligera el cumplimiento de estos requerimientos. Se establecerán sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas a aquellos que infrinjan las medidas adoptadas. Para las infracciones más graves, estas pueden llegar a ser del 3% de la facturación anual del operador en la UE.
La implementación de este plan será revisada y evaluada por la Comisión cada cinco años a partir de 2028.