El sector vitivinícola español, en su continuo compromiso por mantener y extender el patrimonio cultural del vino, ha presentado recientemente una iniciativa denominada «VitaeVino». Esta campaña transversal se extenderá a diez países europeos con el propósito de obtener apoyos que colaboren en la defensa de la cultura del vino «y del derecho a disfrutarlo» con moderación.
El objetivo principal de «VitaeVino» es recabar la adhesión de los amantes del vino, de los trabajadores del sector y, muy especialmente, de los representantes políticos. Según han explicado los promotores, el fin último de esta campaña no es vender, sino proteger una cultura que consideran en peligro.
La iniciativa ha sido lanzada oficialmente esta semana en países como Italia, Austria, Alemania, República Checa e incluso en el Congreso español. Adicionalmente, países como Portugal, Francia, Grecia, Suecia o Bélgica también se han unido a la campaña a través de distintas acciones de comunicación.
En cifras concretas, aproximadamente 4.000 empresas y 400.000 puestos de trabajo dependen del sector vitivinícola en España, añadiendo otra razón más para defender y preservar esta industria. Un dato interesante es que un 40% de las 930.000 hectáreas de viñedo españolas se encuentran en municipios de menos de 2.000 habitantes, evidenciando el aliento vital que proporciona esta actividad económica a las regiones rurales del país.
El secretario general de Asaja en la Rioja, Igor Fonseca, ha enfatizado la contribución única y singular que el vino aporta a la economía y la sociedad española. Por su parte, la vicesecretaria general de UPA, Montserrat Cortiñas, ha hecho especial hincapié en el papel creciente de las mujeres en el sector, y destacó que «no hay otro producto para el que la tierra sea tan importante para el resultado».
Justamente, el vino español representa aproximadamente el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, un dato que ejemplifica su relevancia desde una perspectiva económica.
Como parte de la campaña, se espera un acto a final de año en el Parlamento Europeo para solicitar el respaldo de las instituciones comunitarias y propiciar cambios efectivos que ayuden a preservar este sector vital en la economía española.