La inquietud se propaga entre las organizaciones agrícolas en España debido a la preocupante caída en los precios de venta de la uva este año. La situación ha llevado a las entidades relacionadas a denunciar lo que temen pueda generar hasta 1.500 millones de euros en pérdidas para los viticultores.
El matiz perturbador en esta situación es la presunta disminución de los precios de venta por debajo del coste de producción de la uva. Organizaciones como Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones han solicitado una intervención más exhaustiva por parte de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) a fin de revisar y controlar los contratos de compraventa de uva.
Las organizaciones también manifestaron su esperanza en que la promesa de refuerzo de la ley de la cadena por parte del gobierno les proporcione la capacidad de presentar una denuncia. Esta medida se busca para prevenir la posición de indefensión en la que actualmente afirman encontrarse los viticultores individualmente.
Estas entidades comunican que el precio de la uva es prácticamente aniquilado debido a las prácticas dominantes de los principales grupos bodegueros, forzándolo a caer casi un 50% por debajo del costo de producción. Esto ha generado un escenario poco alentador para los viticultores, quienes al parecer tendrán que luchar contra una posible pérdida monetaria de 1.500 millones de euros.
Por otro lado, se ha resaltado que los viticultores con frecuencia enfrentan limitaciones al negociar los precios de venta. Esta situación es considerada aún más injusta en vista de que el coste medio de producción ya está muy bien calculado. Actualmente, algunos viticultores se ven forzados a vender sus uvas por tan solo 0,23 euros/kg, a pesar de que el coste de producción oscila entre los 0,40 y 0,50 euros/kg.
Las denuncias presentadas han esgrimido que los precios bajos no tienen ninguna justificación. En palabras de un responsable sectorial de UPA, Alejandro García-Gasco, se trata de una crisis estructural reiterada año tras año durante las últimas décadas. Esta situación ha dejado a los viticultores más preocupados por si habrá recursos para el arranque de las cepas que por cualquier otra cosa, alimentando el temor de que las viñas podrían desaparecer completamente en un futuro.