La distribución alimentaria española ha pedido a la Comisión Europea un protocolo de actuación ante emergencias tras el apagón que afectó a España el 28 de abril. La petición la ha formulado Felipe Medina, secretario general técnico de Asedas y consejero en el Comité Económico y Social Europeo (CESE), al detallar el impacto que tuvo la interrupción eléctrica sobre supermercados y su cadena de suministro.
Medina trasladó su propuesta durante la séptima sesión del EFSCM (Mecanismo Europeo de Preparación y Respuesta ante Crisis de Seguridad Alimentaria), el foro de la UE que coordina a autoridades y operadores en episodios de riesgo para el abastecimiento.
El apagón comprometió la cadena de frío y obligó a retirar producto por un valor superior a 53 millones de euros. Aunque muchas compañías activaron generadores de reserva, otras se vieron forzadas a cerrar tiendas y todas sufrieron daños operativos y económicos. “La enseñanza” de ese episodio, señaló, es disponer de un protocolo de “acción clara” que asegure una coordinación ágil entre administraciones y cadena agroalimentaria.
Reconocimiento como sector estratégico
La prioridad, según Medina, es que la UE y los Estados miembros reconozcan el “carácter estratégico” del sector alimentario, responsable de garantizar el acceso de la población a los alimentos. Ese estatus debe traducirse en un tratamiento preferente en escenarios críticos —desde cortes de suministro eléctrico hasta desastres naturales— para facilitar el funcionamiento de empresas y plataformas logísticas.
La consideración preferente permitiría activar rápidamente recursos públicos, asegurar la movilidad del transporte y priorizar el restablecimiento de servicios esenciales en puntos clave de la cadena de suministro. El objetivo, subrayó, no es solo proteger a los operadores, sino salvaguardar un bien básico: el abastecimiento regular de alimentos y productos de higiene.
Objetivos del protocolo europeo
El documento que Medina plantea persigue cuatro metas operativas. En primer lugar, garantizar la seguridad de la ciudadanía asegurando el acceso a bienes esenciales como la alimentación. En segundo, blindar la continuidad del suministro desde el origen hasta la tienda, incluyendo centros logísticos y red viaria, para que la distribución no se interrumpa.
El tercer objetivo pasa por proteger la integridad del transporte y de los trabajadores, así como su acceso a zonas afectadas. Y, en paralelo, estabilizar el comportamiento de la demanda: transmitir tranquilidad para evitar acaparamiento, alertas infundadas, situaciones de inseguridad, reacciones desproporcionadas o actos delictivos que tensionen aún más la cadena.
La ambición es mantener operativa la cadena de suministro incluso en condiciones adversas, con protocolos homogéneos y rápidos de aplicar, reduciendo pérdidas y tiempos de inactividad.
Medidas operativas sugeridas
Para aterrizar esos objetivos, Medina propone activar canales de comunicación preferentes entre empresas, asociaciones representativas y autoridades a todos los niveles. Se trata de que la información fluya en tiempo real y se tomen decisiones coordinadas sobre logística, seguridad y priorización de recursos.
Otra medida es el refuerzo automático y urgente de la presencia de cuerpos y fuerzas de seguridad en centros logísticos y otros puntos críticos, con el fin de prevenir incidentes, ordenar accesos y facilitar operaciones de carga y descarga en momentos de tensión.
Además, plantea asegurar las rutas de distribución en toda la cadena con un distintivo común que permita la libre circulación de vehículos esenciales durante la emergencia. Ese salvoconducto operativo —señala— evitaría cuellos de botella y aceleraría el restablecimiento del servicio. Entre los “otros” elementos a incorporar, cita la armonización de criterios entre administraciones y la rápida habilitación de infraestructuras críticas.
La propuesta sitúa al EFSCM como marco de coordinación para fijar procedimientos estándar y buenas prácticas que puedan activarse de forma inmediata. Para el sector, el coste del 28 de abril ha mostrado la vulnerabilidad de la cadena de frío y la necesidad de protocolos europeos claros que reduzcan pérdidas y eviten cierres innecesarios en futuras emergencias.
