Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha reafirmado la importancia de hacer frente a la sequía que está afectando al sector agrícola español. En una reunión reciente del consejo consultivo de política agraria para asuntos comunitarios, se dirigió a los consejeros autonómicos con la intención de reiterar la necesidad de activar el fondo de reserva de crisis en el próximo Consejo de Ministros europeo del 30 de mayo en Bruselas.
En la reunión, Planas remarcó la relevancia de prorrogar dos meses más el acuerdo para la explotación de grano ucraniano a través del mar Negro. Esta medida es crucial para dar estabilidad al mercado, ya que facilita la llegada de maíz y otros cereales, especialmente en este contexto de sequía.
Planas también exhortó a las comunidades autónomas a proporcionar información precisa sobre los cultivos y las áreas más afectadas por la sequía. Esta información es fundamental para determinar cómo se realizará el reparto de las ayudas directas a los agricultores contempladas en el real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de mayo.
Por su parte, Planas recalcó que este real decreto-ley incluye un paquete de medidas urgentes para apoyar al sector agrario, con un valor superior a 784 millones de euros. Se prevé que estas ayudas, entre las que se encuentran más de 636 millones en ayudas directas y una serie de beneficios fiscales, financieros y sociolaborales, amortigüen el impacto de la prolongada sequía y las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.
Para diseñar estas medidas de apoyo, se han tenido en cuenta el impacto sectorial por la dependencia de la disponibilidad de pastos y forrajes, así como la información sobre precipitaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en las zonas más afectadas por la sequía.
El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), que se encargará de tramitar las ayudas, ha solicitado a las regiones la información sobre los animales determinados en las ayudas acopladas de la Política Agraria Común (PAC) en 2022, para determinar el importe definitivo de la ayuda por especie y orientación productiva.
En cuanto a las ayudas a los agricultores, valoradas en 276,7 millones de euros, se tendrá en cuenta la información que faciliten las regiones, así como la que suministre la Aemet sobre precipitaciones, para determinar los cultivos y las zonas que serán subvencionados.
El ministro también resaltó la iniciativa de algunas comunidades autónomas de poner en marcha medidas de apoyo complementarias ante la difícil situación del sector. Finalmente, se señaló que se flexibilizarán los requisitos de la PAC para considerar la sequía como causa de fuerza mayor y evitar penalizaciones a los agricultores que no puedan cumplirlos. Este enfoque flexible incluye la prórroga del plazo de presentación de solicitudes de ayudas hasta el 30 de junio y una entrada progresiva en vigor del cuaderno de explotación.
La gestión de esta crisis se plantea, por tanto, como un desafío conjunto en el que la cooperación de las comunidades autónomas es esencial para brindar un apoyo efectivo al sector. La sequía, los impactos económicos de la guerra en Ucrania y los retos que enfrenta el sector agrario demandan medidas urgentes y eficaces.
Este enfoque colaborativo, que incluye la comunicación constante con las comunidades autónomas y el monitoreo activo de la sequía, será fundamental para garantizar que las medidas de apoyo tengan el máximo impacto posible.
El rol del FEGA, con su trabajo meticuloso en la tramitación de las ayudas, es crucial para garantizar que las mismas lleguen a quienes más lo necesitan.
Este episodio de sequía ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del sector agrario ante factores climáticos adversos. Sin embargo, también ha destacado la capacidad de las autoridades para responder de manera rápida y coordinada ante estos desafíos.
En este sentido, la activación del fondo de reserva de crisis y las flexibilidades en la PAC son muestras del compromiso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el sector agrario y su determinación para minimizar los efectos de la sequía en los agricultores españoles.
