La tensión aumenta en las asociaciones del sector ganadero en España, quienes han unido fuerzas para hacer frente al nuevo Reglamento Europeo sobre transporte animal. En un intento por proteger sus intereses y los de los animales que se transportan a diario, 14 organizaciones han solicitado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, su intervención en este tema. Un comunicado conjunto enviado por las agrupaciones apela a la rechazo de la propuesta europea, bajo el argumento de que no aporta avances significativos ni garantiza una mejora en el bienestar de los animales durante el transporte.
La organización Cooperativas Agro-Alimentarias, una de las partes responsables de la misiva, detalla que el reglamento es considerado insatisfactorio por varios motivos:
1. No posee una base científica suficiente.
2. Ha carecido de un análisis minucioso.
3. Sus repercusiones sociales, económicas y medioambientales no han sido evaluadas correctamente.
En medio de su lucha, las organizaciones han desarrollado una lista con las seis principales razones por las que creen que la propuesta de reglamento no es viable. Cuestionan que el reglamento bloquea el comercio justo y equilibrado entre los países de la Unión Europea y añaden que incrementaría excesivamente la carga administrativa para los operadores ganaderos. Además, argumentan que la propuesta discrimina al sector español debido a su ubicación geográfica y las condiciones naturales del país. Esta circunstancia dificultaría el transporte de animales durante el día en períodos largos del año y obligaría a trabajar más durante la noche.
Este enfrentamiento contra el reglamento europeo no es solo por el seguro transporte animal, también plantean que si la propuesta progresa, también influiría negativamente en la capacidad exportadora de España. En resumen, el reglamento podría generar un notable incremento de costes, que inevitablemente repercutiría en los bolsillos de los consumidores.
Las 14 organizaciones hacen un llamado contundente al rechazo de la propuesta y solicitan su retirada, al señalar los graves daños que podría ocasionar en la producción ganadera española, en la cadena de valor de los alimentos de origen animal y a los ciudadanos. Este desafío evidencia la unidad y el compromiso del sector ganadero ante una propuesta que consideran «incoherente». Advierten que la cumplimentación de las nuevas normas podría reducir la capacidad productiva y la competitividad de la producción ganadera, una situación que, sin duda, impactaría a todos los eslabones de la cadena.
