En una coyuntura marcada por la escasez hídrica y el contexto geopolítico actual, el sector agrario español respira aliviado con la inyección financiera aprobada por el Gobierno. Un total de 71.044 productores de frutales y frutos de cáscara están a las puertas de un balón de oxígeno económico que asciende a 81 millones de euros, una medida que busca paliar los estragos ocasionados por la sequía y las repercusiones del conflicto en Ucrania.
Detrás de esta iniciativa se halla el esfuerzo conjunto de instituciones nacionales y comunitarias. La asignación del capital proviene del fondo de reserva para crisis agrícolas de la Unión Europea, garantizando así un apoyo directo a los agricultores más afectados. Estos fondos llegan en un momento crítico para los productores que han visto cómo sus cultivos sufrían las consecuencias de un clima adverso y un panorama internacional incierto.
La ayuda, gestada bajo el paraguas del Real Decreto-ley 4/2023, se otorga automáticamente a aquellos terrenos de frutales que cumplan con los criterios establecidos, que incluyen, entre otros, haber recibido ayudas directas en la última campaña de la Política Agraria Común y estar situados en zonas severamente golpeadas por la falta de lluvias.
Los productores beneficiarios deben tener en cuenta ciertos requisitos para hacer efectivo el soporte económico:
- El monto mínimo para percibir la ayuda se ha fijado en 200 euros.
- La superficie máxima subvencionable por titular no debe exceder las 70 hectáreas.
- Es imprescindible que los solicitantes estén al día con sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
Para canalizar cualquier discrepancia, los productores disponen de un plazo acotado para presentar alegaciones, un proceso que se facilitará exclusivamente mediante la plataforma electrónica del FEGA. Se anticipa que aquellos que cumplan con los requisitos y no presenten objeciones recibirán las ayudas durante la segunda mitad de diciembre.
El Ministerio de Agricultura subraya que otros sectores como el secano, el arroz y el tomate para industria deberán esperar, pues sus ayudas provienen de diferentes fuentes y requerirán un trámite independiente, con un anuncio previsto para finales de año.
Este esquema de auxilio económico se revela como una tabla de salvación para un sector estratégico del tejido productivo español, en momentos donde la resilencia y la adaptabilidad son más cruciales que nunca para el futuro de la agricultura nacional.
